martes, 21 de octubre de 2008

Añade Bush a 7 países al Programa de Exención de Visas

El 17 de octubre de 2008, el Presidente Bush anunció que se agregarán a 7 países al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program) de Estados Unidos. El total de países beneficiados por este programa pasará de 27 a 34 países del mundo. Dentro de los países beneficiarios se encuentran: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Slovakia y Corea del Sur.

También anunció que debido a que son considerados "amigos y aliados" de Estados Unidos, se anuncia que pronto se incorporarán al programa los siguientes países: Bulgaria, Chipre, Grecia, Malta, Polonia, y Rumania.

Bajo este programa, los ciudadanos de estos países no requeriran tramitar visa para realizar viajes de turista a Estados Unidos cuya estancia no exceda de 90 días.

La legislación estadounidense establece los requisitos que un país debe de cumplir para poder ser incorporado a este programa:

- Reciprocidad para no pedir visas a estadounidenses;
- El país emita a sus ciudadanos pasaportes legibles en máquinas;
- El país tiene una baja tasa de negativa de visas estadounidenses.

La decisión de Bush de incorporar a estos nuevos países al programa es más una decisión política que legal. Así lo ha manifestado en sus discursos y ha reiterado que es una decisión basada en que son amigos y aliados de Estados Unidos.

Si analizamos los perfiles de cada uno de los países que se planea incorporar, encontraremos varias inconsistencias. Por ejemplo:

- No todos los países del mundo con bajas tasas de negativa de visa se encuentran en el Programa de Exención de Visa;
- Algunos de los países que se planea incorporar tienen tasas altísimas de negativas de visa. En el año fiscalo 2007, Polonia tuvo una tasa de negativa de 25.2% y Rumania de 37.7%

Ante estos datos, la pregunta de por qué México no está entre los países beneficiados por este programa se convierte cada vez en una mayor interrogante. Estados Unidos durante décadas ha declarado México como país es su menor vecino, su primer socio comercial y un buen aliado. Sin embargo, los esfuerzos para incorporar a México a este programa son prácticamente nulos.

Llama mucho la atención el hecho de que en el año fiscal 2007, la tasa de negativa de visas en México fue de 32.5%. Cifra menor a la de algunos países que ahora se anuncia pronto pertenecerán al programa.

Lo anterior, cobra mayor relevancia si consideramos que México es el mayor consumidor de visas de Estados Unidos. Es decir, más de la tercera parte de las visas que Estados Unidos emite a nivel mundia, son para mexicanos.

El por qué de estas graves inconsistencias para con México no puede explicarse sino a través de la debil postura diplomática de México en materia migratoria durante los últimos sexenios. Aun ante la falta de reciprocidad international y endurecimiento de leyes migratorias, el ejectuvo federal continúa guardando silencio mientras millones de mexicanos son los que a costa de dinero, humillación y pérdida de dignidad pagan el costo de tramitar una visa o cruzar la frontera con Estados Unidos.

Más información sobre la redada en Greenville

La información acerca de los efectos y resultados reales de la redada más grande en la historia de Carolina del Sur se va haciendo pública a cuentagotas.

Hasta el momento se sabe que hubo más de 300 personas detenidas. De ellas, 60 fueron liberadas por razones humanitarias para atender a sus hijos o por su situación médica. Estas personas esperarán una audiencia de deportación en libertad.

Once personas están ya enfrentando cargos criminales ante una corte federal acusados de los delitos de fraude migratorio, robo de identidad agravada y re-entrada ilegal a los Estados Unidos después de haber sido deportados.

También se sabe que dentro de los detenidos se econtraban también 5 menores de 18 años.

Los investigadores del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos ya terminarion de revisar 825 formatos de verificación de empleo (I-9) y manifiestan haber encontrado que el 94% de los mismos eran falsos. La planta tiene en promedio un total de 900 empleados.

La investigación y la redada han sido catalogados como la operación más grande de este tipo en la historia de Estados Unidos. Hasta el momento se sabe que el costo total de la operación haciende a más de $6.1 millones de dólares.

El costo unitario de esta operación ha resultado alarmantemente caro para las contribuyentes en Estados Unidos ya que también se ha dado conocer que en menos de un año se han llevado a cabo 1,172 redadas en centros de trabajo, deteniendo con ellas a 4,956 personas en total.

Analistas estiman que el costo por detenido en cada una de estas redadas debe de andar por los $13,000 dólares.

lunes, 20 de octubre de 2008

¿Por qué no se pueden cobrar pensiones de EU en México?

Los sobrevivientes o beneficiarios de trabajadores legales en Estados Unidos tienen derecho a recibir una pensión por parte del Seguro Social de dicho país. Sin embargo, en el caso de México, cobrar dicha pensión puede convertirse en una labor verdaderamente complicada.

Cuando dichos beneficiarios o sobrevimientes se presentan a reclamar su pensión en una de las oficinas de la Agencia de Seguridad Social (Social Security Agency) de Estados Unidos localizadas en la Embajada o alguno de los consulados, lo primero que se les pide es acreditar el parentezco y la defunción de su familiar. Si lo logran acreditar, normalmente reciben su primer cheque de pensión por correo acompañado de un requerimiento para cumplir alguno de los siguientes requisitos para seguir recibiendo cheques:

- Residir en Estados Unidos por 30 días contínuos;o
- Probar que han residido en Estados Unidos durante 5 años en los cuales la relación de parentezco existió; o
- Probar que su familiar falleció mientras desempeñaba servicio militar para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Muchos intentan tramitar una visa para poder cumplir el requisito de 30 días de presencia continuo. Sin embargo, debido a su precaria situación financiera, la visa les es negada con fundamento en la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. En consecuencia, la gran mayoría de beneficiarios o sobrevimientes no logran acreditar ninguno de los anteriores requisitos y pierden derecho su cobrar su pensión.

El motivo por la cual miles de mexicanos pierden derecho sus pensiones se debe a que no existe un acuerdo de totalización entre México y Estados Unidos de América (Totalization Agreement). Los acuerdos de totalización entre naciones tienen como objetivo principal evitar el doble pago de cuotas de Seguro Social para trabajadores que laboran en ambos países. También están diseñados para que los trabajadores conserven los beneficios de acumulación y antigüedad por el tiempo laborado en ambos países y para facilitar el cobro de pensiones cuando el trabajador sale del país.

Actualmente, Estados Unidos tiene firmados acuerdos de totalización con 20 países del mundo. México todavía no es uno de ellos. El último esfuerzo para concretar un convenio en materia de seguridad social entre México y Estados Unidos fue en el 2004. El 29 de junio de 2004, el acuerdo fue firmado por el Comisionado de la Agencia de Seguridad Social, Jo Anne Barnhart, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Santiago Levy Algazi.

De acuerdo con el procedimiento para la formalización de tratados en Estados Unidos, el presidente tenía 60 días para enviarlo al Congreso para su revisión. Al día de hoy, el Congreso estadounidense no ha recibido el texto del acuerdo.

En teoría, algunos especialists consideran el convenio sigue estando en vigor debido a que el Congreso de Estados Unidos no lo ha probado ni rechazado. En el 2004, el congresista Virgil Woode, de Virginia, presentó una iniciativa para rechazarlo aún cuando no había sido presentado. La iniciativa fue rechazada en comisiones por 20 votos contra 36. Sin embargo, en la práctica no hay presupuesto para la implementación del convenio. Congresistas como John Culberson, de Texas, han ingresado puntos de acuerdo para evitar que un sólo centavo del presupuesto federal sea usado en su implementación.

El Congreso de Estados Unidos no ha rechazado ningún acuerdo de totalización en materia de seguridad social. Los únicos casos que aún están pendientes por ser aprobados son el caso de Japón y México.

La razón por la cual el texto del convenio no se ha enviado al Congreso de Estados Unidos es debido a la gran oposición de grupos anti-inmigrantes en dicho país. El Presidente Bush ha estado esperando el momento adecuado para presentarlo, pero hasta la fecha no ha encontrado las condiciones para hacerlo. Los principales argumentos en contra de este convenio señalan:

- Que el convenio permitirá que trabajadores indocumentados que posteriormente legalicen su estancia puedan acumular beneficios por el tiempo que trabajaron de manera indocumentada;
- La mayoría de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos son indocumentados;- Los beneficiarios y sobrevivientes de dichos trabajadores podrán cobrar sus pensiones fuera de Estados Unidos;
- Los beneficiarios y sobrevivientes de dichos trabajadores podrán cobrar sus pensiones en Estados Unidos aún cuando estén de manera indocumentada en dicho país;
- Es un incentivo para que más personas decidan irse a trabajar a Estados Unidos de manera indocumentada;
- Colocará en serios aprietos financieros las arcas del sistema de seguridad social de Estados Unidos.

Al respecto, la Agencia de Seguridad Social de Estados Unidos ha manifestado que de implementarse el acuerdo, el impacto estimado sería el siguiente:

- Ahorraría a 3,000 trabajadores estadounidenses (y a sus patrones) cuotas de Seguro Social por más de $140 millones de dólares durante los primeros 5 años de vigencia;
- Por otro lado, el costo al sistema de seguridad social de Estados Unidos se estima en $105 millones de dólares anualmente durante los primeros 5 años de vigencia. Como herramienta comparativa, se cita que el mismo acuerdo con Canadá costó $197 millones de dólares.

En resumen, la falta de implementación de este convenio obedece a presiones políticas de grupos racistas y anti-inmigrantes en Estados Unidos. Los argumentos son más bien de corte xenofóbico y carecen una solidez actuarial o científica. Estos grupos se ven fortalecidos ante la falta de acción diplomática y política del Gobierno Federal de México, que en el mejor de los casos, guarda silencio para no incomodar y complacer al vecino del norte. Como consecuencia, miles de beneficiarios y sobrevivientes de trabajadores legales en Estados Unidos siguen sin poder cobrar sus pensiones legítimamente obtenidas.

Al igual que las aportaciones al Seguro Social que hacen los indocumentados en Estados Unidos, estas pensiones incobrables permanecen en las arcas del gobierno estadounidense dándole solidez a su sistema de seguridad social.

Otro de los aspectos preocupantes del problema es que, aún cuando el acuerdo fuese implementado, los trabajadores indocumentados seguirán sin poder cobrar los beneficios de las aportaciones de seguridad social que realizan. Es decir, cuando la termine la vida productiva de estos trabajadores, se verán obligados a regresar a México en donde tampoco tendrán derechos en materia de seguridad social por no haber aportado al sistema mexicano durante su vida productiva.

miércoles, 8 de octubre de 2008

Redada en una planta de procesamiento de pollos en Carolina del Sur: 300 indocumentados arrestados

El 7 de octubre de 2008 una unidad de Aplicación de Leyes de Inmigración (ICE) del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos ejectutó una orden de cateo en una planta de procesamiento de pollos de la empresa Columbia Farms en Carolina del Sur. La ordén de cateo fue emitida por un juez penal en alcance de una investigación que llevaba más de 10 meses vigilando las políticas de contratación de dicha empresa.

A los directivos de la empresa se les acusa de los delitos federales consistentes en contratar mano de obra indocumentada y de fomentar la migración indocumentada hacía Estados Unidos. El fiscal federal de distrito de Carolina del Sur, W. Walter Wilkins, argumenta que la manera en que esta empresa propicia la migración indocumentada es mediante una "expectativa y promesa de empleo a indocumentados".

Hasta el momento, sólo se conoce de 300 arrestos por parte de agentes de inmigración. Todos los indocumentados arrestados tendrán que ser fotografiados, entrevistados y obligados a tomarles sus huellas dactilares. Una vez que termine dich proceso administrativo, serán puestos en procedimiento de deportación para que elijan una salida voluntaria o una audiencia frente a un Juez de Inmigración. Los agentes de inmigración informan que se están poniendo en contacto con consulados, escuelas y organizaciones locales para identificar e informar a los hijos y familiares de los trabajadores indocumentados detenidos.

Del mismo modo, a todos aquellos a los que se les encuentre en posesión de documentos falsos, que hayan sido deportado anteriormente o tengan antecedentes penales, se les pondrá a disposición de un juez federal para seguirles un procedimiento criminal por separado. Como resultado de esta investigación, hasta el momento se han declarado culpables de delitos federales los siguientes mexicanos indocumentados que ocupaban puestos de supervisión en la planta de Columbia Farms: Juan Rodriguez, de 27 años de edad; Juan Suarez, de 28; Evaristo Vasquez, de 39; Simon Gomez, de 28; Juan Olivares, de 32; Guadalupe Templos, de 34, y Federico Perez, de 37. Otros dos mexicanos han decidido irse a juicio para pelear su inocencia ante un jurado: Victor Cruz-Soto and Nain Zarate-Camarero, ambos de 28 años de edad. Finalmente, los mexicanos Reyes Ramos y Fortino Cruz, aún no han sido arrestados y en estos momentos son considerados fugitivos de la justicia federal.

Esta redada es una más en la larga lista de operativos espectaculares ordenados por el Departamento de Seguridad Interior. La intención del poder ejecutivo en Estados Unidos es acallar a los críticos de la migración indocumentada para demostrar que se están aplicando las leyes migratorias sin distincción. Si bien, el gobierno de Estados Unidos carece de la capacidad institucional para organizar este tipo de redadas en todos los lugares en donde se contrata a indocumentados, han optado por la opción de realizar un par de redadas con mucha visibilidad mediática.

martes, 7 de octubre de 2008

MITO: Los indocumentados no pagan cuotas de seguridad social y sí reciben beneficios a cambio

El argumento de que los indocumentados están desangrando el sistema de seguridad social es frecuentemente usado por políticos anti-inmigrantes.

REALIDAD: La gran mayoría de indocumentados aportan al sistema de seguridad social y no reciben beneficios a cambio.

Cualquier persona que haya trabajado de manera indocumentada en Estados Unidos sabe que lo primero que le piden los patrones al momento de la contratación es un número de seguro social. En la mayoría de las grandes ciudades, especialmente en las calles con restaurantes de comida mexicana, existen personas que ofrecen una tarjeta de seguro social falsa.

Estas tarjetas contienen un número de 9 dígitos y el nombre de la persona a la que pertenece. En muchos de los casos, el nombre puede ser sustituído por el del indocumentado. Las tarjetas falsas son muy parecidas a las auténticas y aún cuando no lo sean, los patrones rara vez las objetan.

El patrón toma el número de seguro social que le es proporcionado y lo da de alta en el sistema de nómina y de seguridad social de su empresa. Al trabajador, mes tras mes se le descuenta un porcentaje en cuotas de seguridad social. Ese dinero es abonado a la cuenta en manos de gobierno que corresponde al número proporcionado.

La Agencia de Seguridad Social (SSA) de Estados Unidos lleva un control preciso de estas cuentas y sabe muy bien cuando más de un trabajador está abonando a una cuenta en diferentes empleos y regiones del país. También sabe cuando el nombre no corresponde al número que se proporcionó. Este tipo de casos se denominan "no match" y se les da seguimiento puntual.

Lo interesante es que los trabajadores indocumentados por ley no tienen derecho a recibir una pensión por retiro o incapacidad como derecho a cambio de pagar sus cuotas de seguridad social. Más aún, si un trabajador indocumentado solicita que le sean devueltas las cuotas que pagó a la cuenta de alguién más, su solicitud es rechazada. Ahora bien, si el titular estadounidense de dicha cuenta solicita que dichas cantidades le sean abonadas a su pensión, la solicitud también es rechazada bajo el argumento de que esa persona no las aportó.

En el pasado, la SSA ha reconocido que la cantidad de cuotas abonada a las cuentas "no match" equivale a miles de millones de dólares. La última cantidad de que se tiene conocimiento es de $520 mil millones de dólares en octubre de 2005. Dinero que entra directamente a las arcas estadounidenses y nunca llega a salir en beneficios para los indocumentados que las pagan. Dinero que le da una estabilidad a manera de reserva al sistema de seguridad social estadounidense.